La incertidumbre que generó el proceso y aprobación de la reforma al Poder Judicial puede aminorarse con mensajes y acciones que garanticen el respeto a la democracia por parte del Ejecutivo.
La redacción y estipulación de las leyes secundarias de la reforma judicial, recién aprobada por el Congreso en México, además de mensajes de moderación, respeto a la democracia e instituciones que se lleven a la realidad en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, ayudarán a recuperar la certidumbre de los mercados, consideran especialistas consultados por Expansión.
“En las leyes secundarias hay una oportunidad para que lo que se redacte, y se apruebe, termine dando la certidumbre que hoy el mercado ha asumido que no va a tener con la reforma” debido, entre otras cosas a la capacidad y preparación de los candidatos a ser jueces y magistrados, dijo Esteban Polidura, director de estrategia de inversión para las Américas en Julius Baer.
Luego de una larga jornada, aderezada con disputas y movilizaciones, la reforma al Poder Judicial que propuso y presentó el presidente Andrés Manuel el pasado 5 de febrero, fue aprobada en la madrugada del miércoles 11 de septiembre con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, es decir, el bloque oficialista logró la mayoría calificada. Al respecto, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidió a los detractores que “se tranquilicen”, pues fue algo que ella planteó durante la campaña electoral.
Hasta este viernes 13 de septiembre, la Reforma Judicial se ha aprobado en 23 estados de mayoría morenista y rechazada en Querétaro y Jalisco, estados gobernados por la oposición. Habiendo cumplido con el requisito de ser avalada en por lo menos 17 entidades, regresó al Congreso para emitir la declaratoria de publicidad. El Senado ya hizo la declaratoria y falta que la Cámara de Diputados lo haga, entonces podrá ser enviada al Ejecutivo federal para después ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“Lo que se puede hacer y pudiera recomendar a Claudia Sheinbaum es que mande mensajes de moderación, de respeto a la democracia y a las instituciones; no intervención de parte del (Poder) Ejecutivo y de permanencia de independencia de los Poderes (de la Unión)”, apuntó Alejandro H. Garza Salazar, fundador y director de inversiones en Aztlan Equity Management LLC.
Agregó que la medida que mande estos mensajes y que luego se vean validados en la realidad con las acciones, se le dará certidumbre al mercado y más estabilidad a México.
“Habrá que ver cómo quedan las leyes secundarias, también la respuesta de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.
Esteban Polidura consideró que esta reforma puede ser una buena oportunidad para que el nuevo gobierno, que inicia en un mes, lo haga con el pie derecho. “Lo que se haga en esta ocasión, va a sentar las bases de lo que el mercado va a asumir con cualquier reforma adicional de lo que pueda venir. Si se hacen correctamente, el mercado va a reaccionar positivamente a lo que venga”.
Desde que Morena obtuvo mayoría calificada en el Congreso de la Unión, se abrió la puerta para cambios constitucionales, lo que aumentó la aversión al riesgo en torno a México, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 reformas constitucionales el 5 de febrero.
De los resultados de la elección presidencial del pasado 5 de junio, al 10 de septiembre, cuando el tipo de cambio cotizó en 20.0911 pesos por dólar, la moneda mexicana se ha depreciado 18.40% y la BMV acumula un retroceso de 7.62%, de acuerdo con datos de Banco de México (Banxico y la página de la Bolsa, respectivamente.
Los inversionistas, antes de invertir en un país o región, buscan que haya condiciones que garanticen Estado de derecho, entre otros temas de gobernanza. Si ven algún riesgo en ese sentido, lo pensarán dos veces antes de invertir, comentó Francisco Vázquez Gómez, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP).
A diferencia de la reforma al Poder Judicial de 1994, que entró en vigor en enero de 1995, impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, “esta reforma va a debilitar al Poder Judicial y, por lo tanto, al Estado de derecho”, lamentó.
En aquel entonces, precisó, pasó de 26 a 11 ministros, creó nuevas facultades para la Suprema Corte, así como nuevos procesos, como la acción de inconstitucionalidad; también se creó el Consejo de la Judicatura. “Lo que quería era decir que México es un Estado de derecho, con un Poder Judicial autónomo”.
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