La ministra Norma Piña informa al Senado que el Consejo de la Judicatura está en análisis de la suspensión que le fue ordenada hasta que se concrete la elección judicial.
Hasta el momento se estima que se han tramitado 71 juicios de amparo en contra de la aplicación de la Reforma Judicial para la elección en urnas de ministros, jueces y magistrados, y aunque se han dictado decenas de suspensiones para que no se implemente la reforma en la materia, por ahora sólo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) perfila acatar la orden.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien a su vez encabeza el Consejo, dirigió un oficio al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para informarle que están en vías de cumplimiento de la suspensión que les fue ordenada.
Esto luego de que el senador le reclamó por no enviar los insumos para emitir la convocatoria para seleccionar los cargos a elegir.
“En la siguiente sesión plenaria, se determinarán las acciones relacionadas con el cumplimiento de las suspensiones decretadas por diversos órganos jurisdiccionales”, informó la ministra al presidente del Senado.
El pasado 26 de septiembre, un juez concedió la suspensión a un quejoso, y ordenó al Consejo de la Judicatura no entregar al Senado la República la totalidad de los cargos de personas juzgadores, indicando el circuito judicial, especialización por materia, género, vacantes, renuncias y retiros programados, ni la demás información que le sea solicitada.
México
En su oficio, Piña refiere que lo que había retrasado remitir al Senado las listas de cargos a elegir fueron cuestiones de procedimiento, pero ahora será por orden judicial.
Al principio se determinó la imposibilidad pues “la Comisión de creación de nuevos órganos no había participado en el proceso en términos del plan de trabajo aprobado por el propio pleno y por lo tanto se determinó que dicha comisión deberá abocarse al análisis de la listas a la brevedad posible “, expuso.
Sin embargo el pleno del CJF resolverá en breve el cumplimiento de las suspensiones que le han sido ordenadas ya en varios juicios de amparo, informó.
De acuerdo al Partido Acción Nacional (PAN), al menos van 71 juicios de amparo contra la Reforma Judicial, por lo que se esperarían más ordenes de jueces y magistrados para frenar la organización de la elección, por lo que solicitó al INE acatar las órdenes.
Esto fue rechazado por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, quien advirtió al PAN que por ley los partidos están impedidos para intervenir en la elección judicial.
Respecto a si la Cámara de Diputados, que junto con el Senado recibieron la orden judicial de suspender cualquier actividad tendiente de aprobar las leyes secundarias previstas en la Reforma Judicial, hasta que se resuelvan de fondo los amparos, el diputado Sergio García Luna anticipó que no lo harán.
“Desde que llegó la primera suspensión, la de Chiapas y la de Morelos se tomó la determinación de no reconocer la competencia. Simplemente no nos aplica”, aseguró también el representante de Morena ante el INE, quien señaló que tampoco éste deberá acatar ninguna suspensión por lo que el proceso de elección sigue firme.
Imagen ilustrativa. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados, durante la primera sesión de la LXVI Legislatura.
(Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, adelantó que este fin de semana concluirán proyectos de iniciativa de leyes secundarias sobre la Reforma Judicial.
Se trata de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de cambios a la Ley de la Judicatura o la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Medios de Impugnación, además de modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso.
“No se va a detener la elección de jueces magistrados y ministros, estamos a punto de concluir las leyes secundarias para que puedan precisarse las reglas de la elección, pero también las normas que regularán las nuevas instituciones que surgen de la reforma constitucional ya en vigencia”, expuso Monreal.
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Además sostuvo que fue una aberración, una “atrocidad” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya decidido entrar al análisis.
“Es una actitud inconstitucional ellos lo saben, no hay recurso alguno que proceda contra el poder reformador de la Constitución (…) y obviamente no son competentes, violan el principio de legalidad y violan la constitución con este proceso absurdo, nunca ha sucedió en la historia de la corte una intromisión tan grave”, declaró.
La mañana de este viernes el juez Francisco Javier García Contreras, titular del juzgado segundo de distrito en Colima, emplazó al INE a acatar la suspensión o podrá ser objeto de multa y denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En tanto, la audiencia a la que había citado el mismo juez este viernes 4 de octubre, para resolver un recurso por vicios de cumplimiento de la suspensión, promovido por el abogado y constitucionalista Raúl Andrade, representante de Fundación Iris, promotora del amparo, fue diferida hasta el 18 de este mes.
La audiencia serviría para que el juez determinara el desacato de todas las autoridades a las que se le ordenó suspender actividades tendientes a la reforma judicial, pero no lo hicieron, y en su caso imponer sanciones.
Congreso
Entre otras autoridades debieron comparecer los representantes legales del Senado, a quien se le ordenó desde el 5 de septiembre suspender la discusión y votación de la reforma judicial, de la Presidencia de la República, a quien se mandató no remitir el decreto al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su promulgación.
Otros citados por el desacato fueron el director del DOF; la Presidencia de la República, las 32 Legislaturas , el Congreso de la Unión y el Consejo de la Judicatura.
De acuerdo al Juez, solamente10 de los señalados como responsables rindieron los informes que les fueron requeridos por su actuación, y fueron Congresos estatales de igual número de entidades, pero por diversas fallas Coahuila y Yucatán se consideraron no rendidos sus informes.
El juez consignó que el Congreso de Oaxaca se negó a ser notificado, por lo que lo emplazó a recibir la comunicación apercibiéndole a que en caso de ser omisa a lo requerido, se le impondrá una multa por el equivalente a 10,857 pesos.
De persistir en el nuevo requerimiento y en caso de que “se nieguen a recibirlo”, se tendrá por hecha la notificación y si subsiste el rechazo se le impondrá una multa de 21,714 pesos “en razón de que su negativa implica un retardo injustificado en la procuración y administración de justicia”.
