La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia pública para analizar la Reforma Judicial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia pública para analizar la Reforma Judicial aprobada en septiembre por el Congreso de la Unión, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que establece que ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto directo.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) informó a través de redes sociales que la audiencia se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre de manera presencial en Washington DC, Estados Unidos.
“La CIDH ha decidido convocar a una audiencia el día 12/11/2024 2:00pm (horario de Washington, DC). La misma se desarrollará en forma PRESENCIAL en la sede de la CIDH (1889 FST NW, Washington, DC – Estados Unidos de América)”, señala el oficio de notificación que recibió la JUFED, fechado el 30 de septiembre.
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En la audiencia, la delegación que represente a la Jufed podrá exponer de manera oral las razones por las que considera que la reforma judicial implica un incumplimiento por parte del Estado mexicano a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Con esto, esperan que la CIDH emita medidas cautelares que logren que el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum abra el diálogo con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en torno a dicha reforma.
En septiembre, la CIDH manifestó su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial, y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
El organismo internacional reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México e informó que daba seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la Reforma Judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre.
Detalló además que se han recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho.
“Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”, apuntó el organismo.
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Fue así que la CIDH instó a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación. Asimismo, frente a la conflictividad y las protestas públicas, exhortó a garantizar instancias de diálogo real, que asegurarán la participación de todos los sectores interesados.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La audiencia en la CIDH forma parte de la batalla legal que la Jufed emprendió desde el pasado 11 de septiembre, una vez que el Congreso aprobó dicha reforma, la cual fue considerada como un “golpe de Estado técnico”.
Desde entonces, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Jufed, pidió a sus pares resistir y utilizar todas las herramientas legales para defender la independencia judicial, por lo que adelantó se recurrirían a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a las redes globales de jueces y magistrados.
Este jueves, con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó someter a revisión la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.
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