El expresidente es citado por la Fiscalía de Bolivia por el supuesto estupro contra una mujer menor de edad cuando gobernaba el país andino. Morales rechaza las acusaciones.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una acusación en su contra por presuntamente haber abusado de una menor durante su mandato. El lunes, la Fiscalía de Bolivia lo citó a declarar el próximo jueves por las acusaciones de “estupro, trata y tráfico de personas” que pesan en su contra.
“Se ha dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso: el señor Evo Morales, los padres de la víctima, para el día jueves 10 de octubre en la fiscalía para que presenten su declaración informativa” en el departamento de Tarija, informó el jefe del ministerio público, Juan Lanchipa.
Morales ha rechazado estas acusaciones y asegura que tienen la intención de alejarlo de la candidatura del MAS, el partido oficialista, que se disputa con el actual presidente y su antiguo colaborador, Luis Arce.
“Ahora, después de la masiva Marcha para Salvar Bolivia y para encubrir la grave crisis económica, Luis Arce y sus colaboradores utilizan el mismo caso con el que (la expresidenta Jeanine) Añez nos perseguía por un inventado estupro que fue rechazado por la justicia hace varios años”, escribió Morales en su cuenta de X la mañana de este martes.
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Esto es lo que sabemos sobre este caso y lo que puede pasar con el exmandatario.
El escándalo se remonta a 2015, cuando Morales era presidente. Ese año, según la investigación de la fiscalía, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Morales, que estuvo al frente del poder ejecutivo entre 2006 y 2019, calificó la denuncia como “otra mentira más” y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que “se ha demostrado que no hubo nada”.
Sin embargo, el nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado.
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El fiscal Lanchipa apartó de sus funciones a Gutiérrez por “conducta negligente”, pero la justicia la restituyó en el cargo y será ella quien tomará la declaración del Morales, según anunció el jefe del ministerio público.
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Además del delito de estupro (acceso carnal con menores de 14 a 18 años), Morales es investigado ahora por trata y tráfico de personas.
De acuerdo con el expediente judicial, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor”.
Aunque Evo Morales ha desestimado la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” —que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años— la fiscalía se concentra ahora en su actuación y la de los padres de la víctima.
En Bolivia las penas por varios delitos no son acumulativas. De ser hallado culpable en un eventual juicio, Evo Morales enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión, que es la que fijan las normas para el delito más grave en este caso que es el de la trata de personas.
El caso penal resurge en medio del enfrentamiento entre los dos líderes.
“El escándalo (…) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estuvieran peleados evistas y arcistas nunca se habría sabido”, anota el abogado y analista boliviano Williams Bascopé, aludiendo a la lucha Morales-Arce.
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Esta denuncia entra “en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (…) ante la posibilidad” de que Morales sea culpable, advierte María Teresa Zegada, socióloga de la universidad estatal San Simón.
En los últimos meses la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección.
Desde entonces, ha liderado protestas que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Arce, a quien acusa de haber manipulado a los jueces para impedir su candidatura.
La última de ellas fue la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, a finales de septiembre, una extensa caminata de 190 kilómetros hacia La Paz que generó enfrentamientos violentos entre partidarios de ambos dirigentes. Arce lo acusó de tramar un plan para dar un “golpe de Estado”.
Si bien la popularidad de Arce está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares, el escándalo podría sacar a su rival de la competencia por la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS).
De prosperar la denuncia penal, “se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político” cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.
La denuncia “verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto” al exmandatario, comenta la analista.
Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional — que será elegido en diciembre por voto popular — revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.
Con información de AFP
