La fiscalía de Guatemala allanó este lunes cinco sedes regionales de la ONG Save the Children por supuestos abusos a menores, casi seis meses después de que registrara su oficina en la capital.
El fiscal a cargo de los allanamientos fue Rafael Curruchiche, una figura altamente cuestionada en Guatemala y en el extranjero, quien explicó que la investigación fue iniciada a partir de una denuncia anónima. Además, señaló que la fiscalía guatemalteca solicitó “apoyo” a la fiscalía de Texas, en el sur de Estados Unidos, para avanzar en la causa, lo que sugiere que podría tratarse de un caso con implicaciones internacionales.
Se llevaron a cabo “cinco diligencias de allanamiento allanamiento en distintos puntos del país en seguimiento a la investigación de carácter transnacional de gran trascendencia relacionada a posibles vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca”, dijo el fiscal en un video en la red social X.
Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de San José La Arada y Jutiapa, en el este de Guatemala, y en los municipios indígenas de Santa Cruz del Quiché, Nebaj y Cunén, en el oeste.
Curruchiche mencionó en un video difundido en la red social X que las diligencias se centraron en “organizaciones no gubernamentales mencionadas en la denuncia”, aunque evitó señalar el nombre específico de la ONG. Sin embargo, el portavoz del Ministerio Público, Moisés Ortiz, confirmó a la AFP que las sedes allanadas pertenecen a Save the Children.
Por el momento, Save the Children no se ha pronunciado sobre los allanamientos en sus sedes regionales.
El allanamiento de abril tuvo lugar 12 días después de divulgarse en la prensa local que la fiscalía de Guatemala había pedido a su similar de Texas informes sobre un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, y que involucraría a ONG’s como Save The Children.
“Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala”, aseguró en esa oportunidad la ONG, con sede central en el Reino Unido, en un comunicado.
Save the Children comenzó a operar en Guatemala en 1976, tras el devastador terremoto que sacudió al país, y se estableció oficialmente en 1983. A lo largo de los años, ha llevado a cabo diversos proyectos en áreas clave como educación, salud, nutrición y asistencia a familias migrantes, desempeñando un papel fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la infancia guatemalteca.
Tanto Rafael Curruchiche como la fiscal general Consuelo Porras han sido señalados por la comunidad internacional. Ambos han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que los consideran figuras “corruptas” y vinculadas a acciones antidemocráticas, lo que ha incrementado las tensiones entre el gobierno guatemalteco y diversas organizaciones internacionales.
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