México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 35% para 2023, una meta que se ve difícil de alcanzar sin un plan de descabonización de Pemex y CFE.
México es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en América Latina y el Caribe. En 2021, último dato disponible, las emisiones brutas del país ascendieron a 714 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, lo que representa 1.4% del total mundial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). El país se comprometió en el Acuerdo de París a reducir sus emisiones en un 35% para 2030. Ese compromiso ahora es uno de los retos que enfrenta la nueva administración.
Uno de los principales desafíos es que “para poder descarbonizar tu economía tienes que descarbonizar la matriz energética”, dice José María García, Head of LATAM de Strive by STX, una firma que apoya a empresas en su transición hacia la sostenibilidad. Para ello se requiere invertir en infraestructura y energía renovable; sin embargo no existe una alineación de esto con la estrategia energética de la administración.
Una de las principales medidas aprobadas por el Congreso es la preferencia que CFE tendrá en el suministro de electricidad, lo que limita el desarrollo de fuentes de energía más limpias al reducir la participación de privados. De acuerdo con Dario Ibarguengoitia, director general en Ambiente Regenerativo Integral, “el problema radica en que CFE no está invirtiendo ni está desarrollando energías limpias, sino que sigue manteniendo energías sucias”.
Esta política afecta la posibilidad de reducir las emisiones del sector eléctrico, que representa 64% del total nacional, según datos del INECC.
Si bien, México se encuentra dentro de sus compromisos en el Acuerdo de París, estos se establecieron sobre una base baja, permitiendo que las metas parezcan alcanzables, por lo que Ibarguengoitia considera que las metas son “cómodas”, aunque insuficientes para una reducción de emisiones que permita cumplir con los objetivos internacionales a largo plazo y tener un impacto real.
Medio ambiente
Pero no solo hay presión por parte de los compromisos firmados, “cada vez más empresas demandan este tipo de energía”, señala García, impulsadas en parte por el fenómeno del nearshoring, que ha llevado a empresas extranjeras a buscar condiciones de suministro energético más limpias y estables en el país.
La transición energética en México no sólo depende del desarrollo de energía renovable, sino también de la capacidad de transportar dicha energía a los centros industriales donde se concentran la mayoría de las empresas que se están instalando. “Es necesaria una inversión en infraestructura para el futuro”, afirma García, quien explica que “la energía renovable tiene una característica que generalmente no se produce en el mismo sitio que se consume”. Estados como Nuevo León y Guanajuato, donde la demanda energética es alta, requerirán redes eléctricas robustas para evitar problemas de suministro, algo que impacta directamente en la industria nacional.
Pero los resultados de una estrategia, aunque se pusiera en marcha ahora, no se dan de la noche a la mañana. De acuerdo con García pueden pasar de tres a cuatro años para que un proyecto esté completamente operativo, desde la obtención de permisos hasta la construcción de la infraestructura, este plazo también representa un reto, ya que “durante ese tiempo, hace falta seguir invirtiendo en infraestructura y fomentar la descarbonización de la matriz energética”.
Medio ambiente
El contexto global también impulsa la necesidad de acelerar la transición en México, en algunas regiones, como en Europa, se están implementando iniciativas para obligar a las empresas a pagar un impuesto relacionado con las emisiones que tiene su producto en el lugar de origen. Este tipo de medidas serán cada vez más adoptadas por los países y obligarán a los países a acelerar su plan de descarbonización.
Ante la presión y para lograr una estrategia eficaz, la cooperación entre el gobierno y el sector privado será fundamental. García considera que “cada vez hay que fomentar más proyectos de energía renovable” y desarrollar una “gestión de riesgo a nivel medioambiental más importante”. Ibarguengoitia resalta que existen oportunidades en la colaboración con gobiernos locales y el sector privado. Iniciativas como las promovidas por el World Resources Institute y el World Green Building Council están creando rutas de descarbonización para el entorno construido, un sector clave para reducir las emisiones urbanas. Asimismo, la publicación y actualización de Normas Oficiales Mexicanas en materia de sustentabilidad es esencial. Sin embargo, el avance en esta área ha sido lento debido a la falta de continuidad en la Dirección General de Normas (DGN).
“Aunque no da votos, las acciones en contra del cambio climático tienen oportunidades muy interesantes porque hay organismos, universidades, empresas, que tenemos el conocimiento, que sabemos por dónde caminar. Y que estamos dispuestos a hacer lo que sea para que México camine de manera correcta y pueda cumplir los compromisos firmados internacionalmente”, señala Ibarguengoitia.
