Aunque firmó una orden para defender la libertad de expresión, el presidente estadounidense lanza políticas que castigan a estudiantes y activistas por apoyar a Palestina.
En enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para “restaurar la libertad de expresión y acabar con la censura federal”. En ella acusó al gobierno de Biden de haber coaccionado a empresas tecnológicas para que censuraran contenido “incómodo” en redes sociales.
Esa narrativa contrasta con las acciones implementadas por su administración en estos primeros meses de gobierno, al detener y revocar visas, principalmente de estudiantes.
La orden ejecutiva establece como prioridad “asegurar que ningún funcionario, empleado o agente del gobierno federal participe en conductas que limiten inconstitucionalmente la libertad de expresión de cualquier ciudadano estadounidense”. También ordena al Departamento de Justicia investigar a fondo las acciones del gobierno anterior.
Mientras Trump prometió proteger la Primera Enmienda, su administración inició una serie de medidas dirigidas a estudiantes extranjeros que expresan apoyo a Palestina, incluso utilizó inteligencia artificial para monitorear sus redes sociales. La iniciativa, llamada “Catch and Revoke” (Atrapar y Revocar), incluye el análisis automatizado de decenas de miles de cuentas para identificar supuestos mensajes de apoyo a Hamás o críticas al gobierno estadounidense.
Una de las primeras acciones fue la revocación de la visa de una estudiante turca en Boston, hecho que generó protestas tras la difusión de un video sobre su detención. Aunque contaba con un estatus legal vigente, fue expulsada del país por expresar su respaldo al pueblo palestino.
El caso de Ozturk no es aislado. Hace menos de tres semanas, Mahmoud Khalil, un graduado de la Universidad de Columbia y residente legal permanente, fue arrestado bajo acusaciones similares. Khalil negó cualquier vínculo con Hamás e impugnó su detención.
De acuerdo con Axios, esta política forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Estado —en coordinación con los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional— que busca evaluar las posturas públicas de estudiantes internacionales en relación con el conflicto en Medio Oriente. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida argumentando que “Estados Unidos tiene tolerancia cero con visitantes extranjeros que apoyen a terroristas”.
En la frontera, también se registraron detenciones de personas extranjeras tras revisiones de sus dispositivos móviles. En algunos casos, se identificaron mensajes críticos hacia el gobierno estadounidense, lo que derivó en interrogatorios y revocaciones de visados.
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Organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que estas medidas pueden representar una restricción al derecho a la libre expresión, no solo para ciudadanos estadounidenses, sino también para personas extranjeras que desean ingresar o estudiar en el país. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) señaló que “las herramientas de IA no son confiables para analizar los matices de la expresión sobre temas complejos como el conflicto israelí-palestino”.
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El Comité Árabe-Estadounidense contra la Discriminación también expresó preocupación por lo que considera una “erosión de los derechos constitucionales” bajo el pretexto de combatir el extremismo. Y aunque la orden ejecutiva indica que “ningún recurso federal debe usarse para restringir la libertad de expresión”, las acciones de vigilancia y las medidas administrativas contra estudiantes extranjeros parecen dirigirse en sentido contrario.
Lo que ocurre con los estudiantes internacionales se inscribe en una tendencia más amplia. Algunos periodistas que cubren temas sensibles como las deportaciones masivas o el uso de la fuerza en protestas denunciaron acoso por parte de agencias federales.
Asimismo, se registraron inspecciones adicionales y demoras en el ingreso al país de académicos y activistas invitados a conferencias universitarias, en particular si firmaron cartas abiertas en contra de la intervención militar en Gaza o a favor de los derechos del pueblo palestino.
En universidades como NYU, Columbia o Berkeley, algunos estudiantes reportaron presiones institucionales para cancelar eventos pro-palestinos con el argumento de evitar “ambientes hostiles”. En ciertos casos, grupos estudiantiles fueron suspendidos por presuntas infracciones administrativas, aunque representantes legales sostienen que se trata de represalias relacionadas con sus posturas políticas.
Los efectos de estas políticas se extendieron fuera del ámbito universitario. Algunos trabajadores extranjeros en sectores como el tecnológico y el de la salud reportaron cancelaciones de entrevistas para renovar sus visados tras haber expresado opiniones contrarias a la política exterior de Estados Unidos. Organizaciones como Human Rights Watch y la ACLU documentaron casos en los que publicaciones en redes sociales fueron citadas como argumento para negar permisos migratorios o solicitudes de residencia.
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Medios independientes reportaron también un aumento en las solicitudes de vigilancia sobre comunidades musulmanas y activistas de derechos humanos. En estados como Texas y Florida, legisladores propusieron iniciativas que permitirían designar como “enemigos del estado” a quienes compartan contenidos considerados antiestadounidenses desde cuentas en el extranjero. Diversos analistas advierten que estas propuestas abrirán la puerta a una censura con motivaciones ideológicas.
También surgieron denuncias sobre el uso de herramientas de reconocimiento facial por parte de actores privados que colaboran con el gobierno para identificar manifestantes. En enero, una mujer fue grabada durante una protesta en Nueva York, con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla y un pañuelo. Días después, su rostro completo, nombre y lugar de trabajo circularon en redes sociales, luego de que una empresa emergente de tecnología afirmó que la identificó mediante su software, a pesar de las coberturas faciales.
La misma herramienta fue utilizada para revisar imágenes de movilizaciones pro-palestinas en universidades estadounidenses. De acuerdo con AP, un grupo judío de tendencia conservadora incluyó a algunas de las personas identificadas en una lista que entregó a la administración de Trump, y solicitó su deportación por participar en protestas que calificaron como “pro-yihadistas”. Otros grupos pro-Israel también instado a simpatizantes en campus universitarios a reportar a estudiantes extranjeros que participen en manifestaciones contra la guerra en Gaza ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Todo este escenario plantea preguntas sobre la coherencia entre el discurso de protección de la libertad de expresión y las prácticas adoptadas por la administración actual. Las acciones emprendidas generaron preocupación entre organizaciones civiles, académicos y defensores de derechos humanos por su posible impacto sobre las garantías constitucionales y los derechos de personas extranjeras en Estados Unidos.
Con información de Reuters.
