El expresidente enfrenta graves acusaciones de subversión democrática por presuntamente buscar impedir la tomar de posesión de Lula.
La Corte Suprema de Brasil analiza si abrirá un juicio penal contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en una trama para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
La decisión podría definir el futuro político del líder ultraderechista, quien está inhabilitado hasta 2030 por difundir desinformación sobre el sistema de votación electrónica, pero confía en revertir su pena para postularse en 2026.
La Fiscalía General acusa a Bolsonaro, de 70 años, de haber dirigido una organización criminal con el objetivo de subvertir el orden democrático. Según la investigación de la Policía Federal, la conspiración incluía la elaboración de un decreto que habría permitido instaurar un “estado de defensa” para justificar la anulación de las elecciones.
La acusación también vincula a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, una semana después de la investidura de Lula.
También se investiga la existencia de planes para asesinar a Lula y al juez Alexandre de Moraes, quien es clave en los procesos judiciales contra Bolsonaro.
“Se trata de la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil”, afirmó el expresidente en una nota difundida antes de la sesión. Su defensa argumenta que el caso tiene motivaciones políticas y ha intentado recusar a jueces clave, incluyendo a Moraes, sin éxito.
La primera sala del Supremo Tribunal Federal evalúa si existen pruebas suficientes para llevar a juicio a Bolsonaro y a otros siete acusados considerados parte del “núcleo crucial” de la conspiración. En total, 34 personas están imputadas, incluyendo exministros y altos funcionarios. Si es hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
El caso también se cruza con el futuro político de Brasil. Lula, de 79 años, no ha confirmado si buscará la reelección, mientras que Bolsonaro mantiene la esperanza de volver a la contienda en 2026 si logra revertir su inhabilitación. “Por el momento, soy candidato”, declaró recientemente.
Además, Bolsonaro compara su situación con la de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien volvió a la Casa Blanca a pesar de ser declarado culpable de decenas de cargos penales.
En varias ocasiones, Bolsonaro manifestó su esperanza de que Trump ejerza “influencia” para frenar lo que él denomina una “persecución política” en su contra.
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La decisión sobre Bolsonaro está en manos de cinco de los once magistrados del STF, entre ellos Alexandre de Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo.
De Moraes, quien estuvo al frente de varias causas contra el expresidente, es blanco de ataques por parte de Bolsonaro y sus seguidores, quienes lo acusan de actuar con parcialidad.
La defensa del expresidente intentó apartar a Moraes y a otros dos magistrados del caso, pues argumentan que tienen “intereses personales” en el proceso. Sin embargo, la Corte desestimó el recurso.
“El juez pitó en contra antes incluso del inicio del partido. Y además es el VAR, el juez de línea, el técnico y el delantero del equipo adversario, Todo en una sola persona”, escribió Bolsonaro el martes en X.
Entre los magistrados que decidirán su futuro también figuran Flávio Dino, exministro de Lula, y Cristiano Zanin, exabogado del presidente.
El fallo podría conocerse entre este martes y el miércoles, y de ser admitida la denuncia de la Fiscalía, Bolsonaro se convertiría en el primer expresidente brasileño en enfrentar un juicio penal por intento de golpe de Estado.
Mientras la situación judicial de Bolsonaro se intensifica, su hijo Eduardo Bolsonaro anunció el 18 de marzo que dejará temporalmente su cargo como diputado y permanecerá en Estados Unidos. El parlamentario, del Partido Liberal de su padre, mantiene vínculos cercanos con el Partido Republicano estadounidense y con Donald Trump, quien le manifestó su apoyo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en febrero.
Eduardo Bolsonaro, de 40 años, viajó a Estados Unidos el 27 de febrero y afirmó en un video que su decisión de apartarse temporalmente del Congreso fue “la más difícil” de su vida.
Su estadía en EU ocurre tras la denuncia del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que pidió la confiscación de su pasaporte por supuestamente conspirar contra “el orden público y la soberanía nacional”. Sin embargo, el fiscal general, Paulo Gonet, desestimó abrir una investigación y el juez Alexandre de Moraes archivó el caso.
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“Si Alexandre de Moraes quiere confiscar mi pasaporte o incluso arrestarme para que ya no pueda denunciar sus crímenes en Estados Unidos, es aquí exactamente donde me quedaré y trabajaré más duro que nunca”, declaró Eduardo en su video. “Trump sabe lo que está pasando en Brasil”, agregó y sugiríó que el expresidente estadounidense podría influir en el caso contra su padre.
El diputado también se comprometió a buscar “amnistía” para los bolsonaristas condenados por el asalto a las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto el 8 de enero de 2023. Hasta ahora, cientos de simpatizantes de Bolsonaro han sido sentenciados a penas de hasta 17 años de prisión por su participación en estos actos de violencia.
