Ante los riesgos que enfrentan al buscar a sus familiares, integrantes de colectivos piden que se les proteja desde la Constitución, como ya lo hace Colombia.
Desde hace más de una década, Yoltzin Martínez ha tenido que combinar su profesión de bibliotecaria con ser buscadora. El 27 de abril de 2010, su hermana Yatzil, de 23 años, desapareció en Acapulco y, desde entonces, su familia ha enfrentado intentos de extorsión y amenazas, además de problemas económicos y de salud.
Aunque su plan era dedicarse por entero a los libros, ahora la joven ocupa parte de su tiempo en buscar a su hermana ante la falta de acciones del gobierno y, lo hace, sin acompañamiento y sin medidas de protección.
“Aquí (a las personas buscadoras) se nos ataca, se nos violenta, se nos desaparece, se nos mata, se nos desplaza”, sentencia la joven.
Si México quiere avanzar en materia de protección a colectivos y personas buscadoras, comenta Yoltzin a Expansión Política, debe voltear a ver a Colombia.
“La Ley de Colombia protege, ampara, repara de manera integral a las y los buscadores”, resume.
El 18 de junio de 2024, el Congreso de Colombia aprobó la Ley 2364, que reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de personas víctimas de desaparición forzada.
La legislación de ese país describe a las y los buscadores como “sujetos de especial protección constitucional”, pues en su labor suelen enfrentar amenazas, secuestros y detenciones arbitrarias.
En México, donde no se tiene una legislación similar para reconocer o proteger esta labor, se tienen contabilizadas 27 personas buscadoras asesinadas desde 2010.
Entre ellas, Teresa González Murillo (Michoacán), Sandra Luz Hernández (Sinaloa), Miriam Rodríguez (Tamaulipas), Zenaida Pulido Lombera (Michoacán) y María del Rosario Zavala (Guanajuato). También buscadores como Francisco Javier Barajas (Guanajuato) y José Nicanor Araiza Dávila (Zacatecas), entre otros.
Yoltzin ha recorrido el país para pedir justicia para los miles de desaparecidos y levantar la voz ante el clima de violencia que enfrentan las buscadoras.
En su vestimenta suele portar la ficha de búsqueda de su hermana con la pregunta: “¿Le has visto?” y los detalles de la desaparición de Yatzil. “No me resigno ni tan solo un segundo, por volverte a mirar llegaré gasta el fin del mundo. Siempre te buscaré”, reza en la ficha.
Yoltzin Martínez busca a su hermana Yatzil, desaparecida desde hace 15 años.
(Foto: Lidia Arista.)
Los tres lustros que Yoltzin Martínez y su familia han buscado a Yatzil (cuyo nombre en maya significa “la cosa amada”), no han estado exentos de riesgos, amenazas e incidentes.
“Ha incrementado la violencia contra nosotras, en este sexenio donde no se combatía, sino se abrazaba la delincuencia para tenerla tranquila, nos hemos visto vulneradas en nuestra seguridad. Somos muchísimas mujeres buscadoras que estamos desplazadas, somos demasiadas que hemos tenido atentados”, agrega la joven.
En sus labores de búsqueda, las mujeres y hombres no cuentan con seguridad de las autoridades, a menos que algún funcionario o policía les acompañe, pero cuando se retira, la protección también.
México
Pese a las amenazas que reciben en su labor, las mujeres buscadoras dicen no tener miedo.
Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, afirma que, como familiares, están dispuestos a mantenerse en la búsqueda hasta en sitios altamente peligrosos, pues de lo contrario tendrían que esperar a que la autoridad haga algo.
En entrevista, la buscadora destaca los riesgos que corren por hacer el trabajo que no quieren hacer las autoridades. “Las compañeras van y se meten a donde ni la policía ni la Guardia Nacional se mete ¿por qué? porque ya el miedo nos los robaron”.
“No solamente nos robaron a nuestro familiar nos robaron el miedo y entonces, no es opción irme a mi casa a llorar. Llevo 15 años buscando a mi hermana y he aprendido a que el miedo que tengo es pensar que no voy a regresarla a casa”.
Grace Fernández, madre buscadora.
En una reunión con autoridades federales, Blanca Estela Ramírez, buscadora de Colima, demostró a los funcionarios lo lento e inútil que puede ser el botón de pánico que le dio el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México por su labor de buscadora.
Treinta siete segundos pasaron para que una voz le preguntara si todo estaba bien. “En lo que me responden, ya me cargó la chingada”, soltó tras presionar el botón.
El poco más de medio minuto puede parecer una respuesta rápida o la más tardía cuando la vida está en riesgo, afirmó la activista.
“En caso de emergencia, este botón no sirve para nada (…) solo sirve en caso de que algo me suceda para saber dónde encontrarme”, agregó Blanca Estela Ramírez, quien desde hace años busca a su sobrina, Joana Isabel López Álvarez, “La China”, joven desaparecida el 26 de noviembre de 2019.
La joven desapareció en noviembre de 2019 en Colima.
(Foto: Facebook.)
Algunas buscadoras han recibido del gobierno federal el botón de pánico para solicitar ayuda cuando consideren que su vida está en riesgo. Sin embargo, consideran que es más un artículo de ornamento que de utilidad.
“A las compañeras que pertenecemos al mecanismo de protección federal nos otorgan un botón de pánico, pero todavía seguimos vulnerables porque es un botón de pánico que no sirve si no es en el primer cuadrante donde hay servicios, los lugares que vamos a buscar no hay comunicación, entonces se vuelve obsoleto y se vuelve nada más un accesorio de vestimenta”, agrega Yoltzin.
Las buscadoras afirman que el botón de pánico no funciona en las zonas donde realizan sus búsquedas.
(Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro.)
La buscadora describe algunas de las fallas que enfrenta el botón de pánico, más allá de la tardanza en una respuesta: no sirve en zonas rurales, se descarga su batería de forma rápida y las puede poner en riesgo.
“El botón no tiene una forma de silenciar. Si yo me estoy escondiendo, el botón va a sonar porque va a sonar. Entonces, si estamos en una situación de riesgo, y lo que estamos haciendo es ocultarnos, lo que menos vamos a hacer es apretar el botón porque suena”, explica.
Estados
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El 31 de marzo, tras los hallazgos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbuam remitió al Senado una iniciativa de reforma en materia de fortalecimiento de labores de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, cuya dictaminación está en pausa para escuchar a los colectivos y hacer cambios a la propuesta.
Contempla, por ejemplo, la creación de la Plataforma Única de Identidad y la conformación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, pero no incluye acciones específicas enfocadas a la protección de personas buscadoras.
En contraparte, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó su propia propuesta -en febrero- en la que plantea dar reconocimiento oficial a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como “auxiliares del gobierno”.
La finalidad, de acuerdo con la iniciativa del exlegislador priista, es que las personas buscadoras accedan a recursos y protección para que realicen sus labores en territorio de manera más segura.
Propuestas de Beltrones:
Establecer un padrón de familiares de personas desaparecidas, reconocidas como auxiliares oficiales.
La Comisión Nacional de Búsqueda implementará programas de trabajo temporal para apoyar económicamente a los familiares de personas no localizadas que sean auxiliares en la búsqueda de personas.
Integración al padrón de, por lo menos, tres familiares por persona desaparecida.
Que dichas personas tengan protección del Estado y derechos como ayuda económica, seguro social y seguro de vida.
Cualquier autoridad que reciba la denuncia de una persona desaparecida, tendrá la obligación de recibirla de forma inmediata.
“Es una firme convicción que las madres buscadoras sean incorporadas como auxiliares en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a fin de que cuenten con recursos, seguridad social y protección del Estado Mexicano”, señala la propuesta de Beltrones.
“Así, el Estado Mexicano debe brindar un apoyo económico por jornada de búsqueda hasta tres integrantes de una familia de desparecidos; además de brindarles seguridad social y seguro de vida, con la creación de un banco formal de datos de ADN que agilice la identificación humana”.
Congreso
Las buscadoras sostienen desde la semana pasada un diálogo con el gobierno federal para exponer las propuestas que pueden ayudar a enfrentar la crisis de desapariciones, pero también para dar protección a quienes hoy, con pico y pala, buscan de manera personal a quienes no han vuelto en casa.
Pero las familias de los desaparecidos son enfáticos: buscan que se les proteja desde la Constitución.
“Somos nosotras las que nos ponemos en riesgo, somos nosotras las que estamos desgastándonos, somos nosotras las que estamos dejando el alma, la vida y la salud en una búsqueda. Mientras el gobierno está dando la espalda”, afirma Yoltzin.
Los próximos 22, 23 y 24 de abril se retomarán las mesas con los colectivos de búsqueda.
