La modificación de las reglas ya aprobadas para la elección judicial de 2025 ameritaron que el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se deslindara, aunque pidió esperar la reforma final.
A menos de un mes de la entrada en vigor de la reforma constitucional al Poder Judicial, Morena y sus aliados ya se preparan para volver a cambiar la Constitución que ellos mismos modificaron, al alterar el mecanismo para definir a los candidatos, acusó la oposición.
En el dictamen de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), avalado en comisiones del Senado, se introdujo una facultad, no prevista en la Constitución, para que las dos Cámaras del Congreso y la presidencia de la República, puedan “palomear” y eventualmente decidir qué candidatos podrían aparecer en la boleta.
La medida sería contraria a la Constitución recién reformada por la mayoría de Morena y sus aliados, e incluso se deslindó de ella el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.
“El proyecto original en el que yo participé era bueno porque los comités de evaluación tenían autonomía, independencia, o tienen autonomía e independencia para seleccionar los candidatos”, dijo al reconocer que el anteproyecto fue modificado en la dictaminación y se restó esa autonomía en la definición de postulaciones.
Ante el riesgo de que la reforma secundaria sea controvertida y declarada inconstitucional, Monreal, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y otros tres diputados conformaron una comisión para corregir el dictamen, en acuerdo con senadores, de modo que el pleno de esa Cámara los considere durante su votación, este jueves.
Los comités de evaluación tendrán “plena autonomía, los resultados y definiciones que ellos tomen no serán sujetos de veto y se actuará con mucha pulcritud, (…) no vamos a dar absolutamente ningún pretexto para impugnación, no vamos a dar ese gusto a nadie”, dijo Ramírez.
La noche del martes, en comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron los dictámenes que reforman la Legipe y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en ambos casos para regular el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
Vía reservas al dictamen que fueron avaladas exprés, y a propuesta de los senadores morenistas Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Miguel Pavel Jarero y Olga Patricia Sosa, se alteró el procedimiento constitucional en dos vías, al menos.
En el primer caso, para modificar la forma de selección de candidatos e introducir la nueva facultad a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de filtrar qué aspirantes pasan a una ronda de depuración, vía insaculación (tómbola).
Además, se dio a las dos Cámaras la atribución de poder “acordar las postulaciones conjuntas de candidatos”.
La redacción del añadido al artículo 500 de la Legipe incorporó esa atribución, que en los hechos podrá ser un “poder de veto”, según alertó el senador de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés.
“Los Poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el párrafo anterior; en caso de que se rechace la totalidad de la lista, los Comités deberán presentar un nuevo listado”, se añadió mediante la reserva, modificación que de acuerdo a Monreal no estaba originalmente.
De acuerdo con el panista Anaya Cortés, la consecuencia de ese agregado tendrá como consecuencia que sea Morena, a través su mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, y vía la Presidencia de la República que ostenta la morenista Claudia Sheinbaum, la que decida quién competirá en la elección y, por tanto, quienes serán los jueces, magistrados y ministros de la SCJN.
En la sesión de dictaminación, el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, explicó la diferencia entre el procedimiento original y el nuevo.
El artículo 96 de la Constitución reformada establecía un procedimiento “que ya de por sí era un agandalle”, pues se registraban todos los que quieran ser juezas o jueces de distrito, como paso uno.
“Paso número dos: el Comité de Evaluación reduce la lista, en el caso de jueces de distrito, a seis personas. Paso número tres, mediante insaculación (pública) se elige a dos personas. Y esas serán las propuestas del Ejecutivo”.
Ese procedimiento, recordó Anaya, era similar en el Legislativo mediante votación de mayoría calificada de los plenos camarales, y por mayoría calificada del pleno de la Corte.
En cambio ahora, “se registran quienes quieran participar, paso uno. Paso dos, se reduce la lista a seis y fíjense nada más lo que agregaron, ya no pasa directo a la insaculación, (sino que) se lo turnan al Poder correspondiente, en el caso del Senado ustedes tienen la mayoría, para que ustedes validen los nombres que, de acuerdo al Comité, resultaron en los mejores lugares y sólo después de su evaluación pasan a la insaculación”.
Anaya agregó: “es decir, no nada más es un atropello brutal, es que es una contradicción lo que aquí ustedes quieren votar hoy con lo que dice la Constitución”.
Por todo ello, el líder de los diputados federales del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdéz, alertó: “con ello están violando la Constitución, alterando los mecanismos que ellos mismos insistieron en poner en la reforma constitucional y están impedidos expresamente para modificarlos un ápice”.
Mas aún, recordó el priísta, fue a insistencia de Morena que se prohibió expresamente en la Constitución interpretar y modificar cualquiera de sus apartados, que es lo que pretende hacer el Senado, cámara de origen en la reforma a las leyes secundarias para adecuarlas a la elección judicial.
Así, otra vulneración constitucional sería al artículo 11 transitorio de la reforma judicial, en donde se incorporó la restricción a cualquier cambio que no esté literalmente asentado en la Constitución.
“Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, indica el apartado mencionado.
Por eso, “en el momento que ellos se quisieron agandallar tanto, ya se atoraron, ellos mismos cerraron la posibilidad de hacer precisiones en las leyes secundarias y menos legislar más allá de la Constitución”, indicó el priista Moreira, quien recalcó que se trata de una violación constitucional a lo que no tiene ni un mes de aprobado.
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