La tasa de nacimientos disminuyó el año pasado, pero los embarazos adolescentes e infantiles persisten en México, en un contexto de violencia y criminalización del aborto.
En México se registraron 1,820,888 nacimientos durante 2023. A nivel nacional, la tasa de nacimientos fue de 52.2 por cada 1,000 mujeres de 15 a 49 años. Es menor a la tasa de 2022, que se ubicó en 54.5.
Sin embargo, los nacimientos en niñas y adolescentes se mantienen. El año pasado se registraron 101,147 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, alrededor de 277 al día.
En ese grupo de edad, la tasa de nacimientos por cada mil mujeres fue de 11.4, de acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Los estados con más casos de madres menores de edad fueron Chiapas, con una tasa de 21.7; Oaxaca, con 15.6, y Guerrero, con 15.5. Mientras que en la Ciudad de México, Hidalgo y Baja California Sur se registraron las menores tasas de nacimientos en niñas y adolescentes.
De todos los nacimientos registrados en 2023, 24% correspondió a mujeres de 20 a 24 años; 23% a jóvenes de 25 a 29 años; 17% a madres de 30 a 34 años; 13% a adolescentes de 15 a 19 años, y 0.4% a niñas de 10 a 14 años. El resto de nacimientos fue de mujeres mayores de 35 años.
Los embarazos infantiles y adolescentes son un problema de salud pública, con consecuencias socioeconómicas para muchas mujeres que dan a luz antes de los 20 años.
“Cuando una niña o una adolescente queda embarazada, significa que hemos fallado como garantes de sus derechos, la vida de esa joven cambia radicalmente. Es posible que abandone la escuela, por lo que su inserción al mercado laboral suele ser en condiciones precarias, perpetuando el círculo de la pobreza”, explica el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Las niñas y adolescentes que se convierten en madres también sufren daños a la salud y las complicaciones en el embarazo y parto son la principal causa de muerte en las menores, agrega el organismo.
En México, además, muchos embarazos jóvenes ocurren por violencia sexual o matrimonios infantiles forzados.
Uno de los casos más recientes es el de Esmeralda, una niña de 14 años, de una comunidad indígena del estado de Querétaro. Fue víctima de violación por uno de sus familiares. No supo que estaba embarazada y ocho meses después tuvo un aborto espontáneo. El personal del hospital donde se atendió la denunció y la fiscalía del estado la acusó de homicidio doloso.
El caso se hizo mediático y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, mediar con las autoridades locales que, tras una mesa de negociación, aceptaron retirar los cargos, pero no actuaron en contra del primo que violó a Esmeralda por “falta de pruebas”.
Este caso también revivió el debate sobre la despenalización del aborto en México. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las mujeres no pueden ser criminalizadas por abortar, en 16 entidades federativas se mantiene como delito en sus códigos penales.
En este contexto, el Congreso de la Ciudad de México busca despenalizar totalmente el aborto, que desde 2007 se permite hasta las 12 semanas de gestación. Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso local ya aprobaron el dictamen, que elimina el delito de aborto y, con ello, los plazos y causales que determinaban la legalidad de la interrupción del embarazo. Se espera que el Pleno del Congreso capitalino vote la iniciativa en los próximos días.
En los sexenios pasados se ha buscado hacer frente al embarazo y maternidad infantil con políticas de gobierno como la creación del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) y la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención en Adolescentes (ENAPEA).
Hasta el sexenio pasado, la ENAPEA mantenía como meta al año 2030 disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, y reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.
Políticas de la Secretaría de Salud:
-Asegurar el acceso a los métodos anticonceptivos a las y los adolescentes sin condicionar a que estén presentes madres, padres o tutores.
-Ampliar la cobertura y brindar mayor calidad en los servicios de salud para las y los adolescentes en todo el país.
-Incrementar los servicios de anticoncepción y su calidad-
-Brindar atención integral a las niñas embarazadas y acceso a un aborto seguro, con calidad técnica y humana.
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