Los repartidores señalan que siguen sin ser escuchadas sus solicitudes, mientras que las plataformas digitales se reúnen con la STPS.
“La seguridad social la apoyamos siempre y cuando podamos implementar algo que se adapte a nuestras necesidades”, comentó en entrevista para Expansión Fabián Ortega, líder de Repartidores Unidos México (RUM).
El debate sobre cómo implementar un modelo de seguridad social para los repartidores de aplicaciones de delivery en México sigue en la mesa. Hasta ahora no se ha logrado un consenso entre las autoridades y este grupo de trabajadores, quienes pese a estar a favor de recibir este derecho laboral, encuentran en la iniciativa afectaciones a su “flexibilidad” y “libertad”.
El valor que los repartidores dan a estos factores no es nuevo. La Encuesta Nacional de Socios Conductores y Repartidores en México 2022, elaborada por Uber en colaboración con la firma de investigación independiente Quadrant Strategies, revela que el 90% de las personas que conducen o reparten usando la app opinaron que es una forma más accesible de obtener ganancias que un trabajo tradicional.
El mismo estudio resalta que 83% de ellos prefieren ser prestadores de servicios independientes a tener un trabajo con jefe, pues esto les permite ser “dueños de su tiempo y decisiones”, aspecto que consideran esencial.
Pese a la carencia de esta protección, algunos repartidores consideran que el modelo actual que propone Claudia Sheinbaum podría resultar aún peor que no contar con seguridad social.
“Si quisiéramos seguridad social bajo un modelo tradicional podríamos entregar, no sé, en Domino’s o en alguna de estas empresas que dan ya la seguridad social y te ofrecen un trabajo de cierto horario. La ventaja que nosotros tenemos es que podemos conectar a la hora que queramos en el área geográfica que queramos”, dijo Ortega.
Este escenario, aseguró, hace que este trabajo sea ideal para personas con hijos, madres solteras, personas que buscan un ingreso adicional a otro empleo, estudiantes, entre otros que quieren la “libertad de horario”.
“Si nos dicen ‘ok, tienen seguridad social, pero necesitan cumplir con este horario’ (…) sería muy complicado para muchos de nuestros compañeros”, agregó Ortega.
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Como comenta Ortega, algunas mujeres encuentran en esta labor una alternativa para conseguir ingresos a la par de su maternidad, tareas del hogar u otras labores que les han sido arraigadas de manera histórica. Pese a ello, en este escenario, como en la mayoría de los empleos, ellas también enfrentan precariedad laboral.
Las mujeres que trabajan como repartidoras por aplicaciones ganan menos que los hombres por la misma cantidad de horas trabajadas, enfrentan acoso sexual y suelen llevar con ellas a sus hijos o hijas porque no tienen acceso a servicios públicos de cuidado, según expone el reporte Este futuro no aplica, elaborado por Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG).
Dicho trabajo, publicado en 2022, expone que las personas repartidoras ganan 2,562 pesos por semana en promedio; sin embargo, las mujeres ganan 425 pesos menos que el promedio general, lo que implica una brecha salarial de 18%.
Además, el 15% de las repartidoras reportan haber sufrido acoso por parte del personal de los negocios donde recogen los pedidos y 11% por parte de los clientes.
Optar por este empleo está también relacionado con la flexibilidad de horarios, el 44% de las mujeres que se dedican al reparto apuntaron ésta como su principal motivación. La razón es la carga de trabajo de cuidados no remunerados que recae sobre ellas.
En este contexto, acceder a la seguridad social es particularmente importante y necesario para las mujeres, pero sacrificar su mayor incentivo tampoco resulta una opción.
El colectivo Conductoras y Repartidoras Unidas por México también expresó su rechazo a la iniciativa de reforma de ley como existe hasta el momento y exigió ser incluido en el diálogo.
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Las trabajadoras señalan que su voz ha sido ignorada en la construcción de la propuesta, y que las organizaciones con las que supuestamente se consultó no representan realmente la comunidad de repartidoras y conductoras, sino intereses políticos alejados de sus necesidades.
“Nuestra realidad y nuestras necesidades han sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades. A pesar de nuestros esfuerzos para participar en el proceso, seguimos recibiendo respuestas evasivas de la Secretaría del Trabajo, mientras la propuesta sigue avanzando sin tomar en cuenta nuestros puntos de vista”, señalaron las voceras del movimiento.
Agregaron que la propuesta, en su forma actual, limitaría significativamente su autonomía. De aprobarse, ellas “tendrían que aceptar cualquier pedido asignado, independientemente del lugar o las condiciones de seguridad, en un contexto donde la violencia de género es una preocupación latente en el país”. Además, las trabajadoras señalan que la flexibilidad de horarios se vería afectada, impactando principalmente a aquellas que son jefas de hogar o cuidadoras, para quienes la independencia de elegir sus tiempos de trabajo es crucial.
Las conductoras y repartidoras aseguran que mantendrán sus esfuerzos de movilización hasta que sus demandas sean escuchadas y se construya una propuesta que verdaderamente refleje sus necesidades.
Este martes, el colectivo de mujeres firmó una carta dirigida a Claudia Sheinbaum, para llamarla al diálogo e inclusión en esta toma de decisión, una solicitud que existe por parte de RUM desde el 1 de octubre, cuando la presidenta expuso su iniciativa y que hasta el momento no ha tenido respuesta.
Además de la nula respuesta del regulador, los repartidores acusan la falta de atención a su voz por parte del secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.
El pasado 4 de noviembre, el secretario anunció en redes sociales que habían concluido las mesas de trabajo para elaborar la iniciativa que se enviaría a Sheinbaum. En la reunión estuvieron presentes las tres principales empresas de plataformas en México (Uber, Didi y Rappi), pero no los repartidores.
“La reforma perjudicaría nuestra capacidad para generar ingresos. Actualmente, decidimos cuánto ganar; con la propuesta, serían las empresas quienes controlen nuestros ingresos y la forma en cómo trabajamos”, comentaron las repartidoras.
Aunque el acceso a los servicios de salud es uno de los temas que más se ha mencionado durante la discusión de otorgar seguridad social a los repartidores, la realidad es que involucra otros factores como contratos laborales seguros, prestaciones, protección social e incluso representación sindical.
La informalidad laboral domina la escena en México, de acuerdo con el nuevo informe El laberinto de la informalidad: mitos, trampas y realidades, elaborado por las organizaciones México, ¿cómo vamos? y Oxfam México, el 54% de la fuerza laboral en el país no tiene acceso a seguridad social.
La investigación muestra que el financiamiento de la seguridad social en México se ha debilitado en los últimos 30 años.
“Sin recursos suficientes, no hay manera de que la informalidad laboral se reduzca de manera real y duradera”, señala el documento.
México destina solo 2.4% del PIB a la seguridad social, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 9.1% y de países con sistemas de seguridad social reconocidos como Países Bajos y Australia con un 12.5% y 14.7%, respectivamente.
El informe expone que la informalidad laboral no es una decisión personal con el fin de sacar ventaja, sino que es causa de los arreglos institucionales y sociales que hay en nuestro país en torno al trabajo.
